Actualmente, en medio de una crisis sanitaria originada por el COVID-19, la crisis económica y social que ya vivíamos se ha visto profundizada. Las mujeres hemos sido las primeras en sufrir las graves consecuencias, las cuales se han visto expresadas en la disminución de nuestros salarios, despidos ante los recortes laborales y el incremento de los trabajos de cuidado, provocado por la medida de confinamiento, el cierre de los centros educativos y el colapso del sistema sanitario. Esta situación nos ha dejado mayormente expuestas a los contagios, poniendo en riesgo nuestra salud y nuestras vidas.
Durante esta pandemia enfrentamos además un agravamiento de la violación a los derechos y a las condiciones de vida de las mujeres trabajadoras y desposeídas. La violencia familiar en contra de las mujeres ha aumentado durante el confinamiento, desde la violencia psicológica, física y económica, hasta la violencia sexual; mujeres y niñas se ven obligadas a convivir con sus agresores, soportando abusos y violaciones sexuales. Asimismo, en el caso del sector educativo, altamente feminizado, ha sido necesario que sean los y las trabajadoras quienes, con recursos propios, garanticen la educación a distancia, modalidad que además genera exclusión y desigualdad social para los y las alumnas, mientras que impone a las madres de familia una carga de trabajo extra al tener que cumplir con labores de enseñanza y formación con contenidos deficientes.